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El eje del conflicto radica en que la medida, tomada de manera unilateral por el organismo nacional sin consulta previa a los productores, plantea un cambio drástico en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis. Hasta ahora, el esquema se basaba en la labor de fundaciones y cooperativas que garantizaban un barrido sanitario total. La nueva resolución propone liberar la contratación a veterinarios privados, lo que para muchos significa el desmantelamiento de un sistema que ha demostrado ser eficiente.
Desde la cooperativa señalaron que la decisión es "innecesaria e inoportuna" por varios motivos fundamentales. En primer lugar, sostienen que el esquema actual permite alcanzar niveles de vacunación altísimos y un relevamiento de información productiva que es vital para la planificación sanitaria del país.
Por otro lado, existe una profunda preocupación sobre la capacidad operativa del Estado. La entidad advierte que el SENASA podría no contar con los recursos suficientes para auditar de manera eficiente el nuevo esquema propuesto. Esto generaría una fragmentación del control, dejando "huecos" sanitarios que podrían derivar en el cierre de mercados internacionales para la carne argentina ante cualquier rebrote.
Ante la gravedad de la situación, "El Pronunciamiento" solicita la revisión inmediata de la resolución y exige la apertura de un canal de diálogo serio y participativo. Los productores locales enfatizan que no se puede avanzar con decisiones de escritorio que comprometan años de inversión y esfuerzo en el cuidado de la sanidad animal.
